Aunque
los hechos se produjeron el día 14 de diciembre de 2.014, la sentencia se ha
hecho firme hace sólo unos días. En ella, el Juzgado de Instrucción número 4 de
Toledo, condena a Vanessa Veiga a la máxima pena prevista por el artículo 620
del Código Penal que regula la falta de amenazas y vejaciones injustas: veinte
días de multa con una cuota diaria de 6 euros.
Vanessa
Veiga, candidata del PP al ayuntamiento de Toledo y conocida atleta, acudió al
centro público Valparaíso de la capital castellano-manchega para hablar con una
profesora de su hija. Según la sentencia, la conversación derivó en una
discusión en la que la atleta y aspirante a concejal golpeó con los nudillos
una mesa de un aula mientras se dirigía en voz alta a la profesora con
expresiones como “no quiero verte más”, “voy a hacer todo lo posible para
echarte del centro”, “voy a coger un megáfono y a decirle a todo el mundo lo
dañina que eres”, “no pararé hasta machacarte” o “te voy a arrancar los ojos”. Todo
ello en presencia, entre otros, de su hija, menor de edad.
Este comportamiento agresivo,
intimidatorio y vejatorio hacia la maestra de su hija es completamente
inaceptable. ¿Cómo es
posible que alguien que aspira a ser representante público puede mostrar tanto
desprecio y tanta falta de respeto a una docente, y además, que lo haya hecho
en el ámbito escolar, que debe estar presidido por el respeto, el diálogo y la
cooperación?
Un
hecho de la gravedad del acontecido refleja el talante de la Sra. Veiga, que
parece desconocer conceptos tales como resolución
dialogada de conflictos, actitud constructiva y dialogante, mediación escolar,
etc.; actuación y actitud que la inhabilitan para ocupar
cualquier puesto público de representación. Si los hechos, por sí mismos, son
graves, aún son más dañinos al proceder de alguien que aspira a ser
representante público.
Es
impresentable, además, que el actual candidato a la Alcaldía de Toledo y hasta
hace poco Delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, disculpe
los hechos protagonizados por su compañera en las listas electorales. Labrador
ha afirmado que cree, «como así lo ha manifestado ella, que no fue la actuación
más afortunada», aunque ha matizado que no juzgará «las reacciones de una madre
a la hora de defender a su hija». Por ello, ha reiterado que «no hay ningún
motivo para no mantener a una persona que defiende a su hija dentro de la
candidatura». El señor Labrador debería saber que Vanessa Veiga no ha sido condenada por defender a su hija, sino por
amenazar a una profesora, con el agravante de hacerlo delante de su hija,
dando el peor ejemplo posible que una madre puede dar.
Por
otra parte, aún recordamos la cantidad de multas impuestas por este señor por
manifestarse en contra de los recortes en la enseñanza pública. Parece que la doble vara de medir, es corta
para aquéllos que defienden sus derechos y muy larga para los que amenazan a
docentes que realizan su trabajo.
Significativa igualmente es la crítica velada que la Jueza realiza a la Ley de Autoridad del Profesorado que el Gobierno de Cospedal vendió como la panacea, y que en la realidad se ha comprobado que no sirve para nada, al afirmar que “flaco favor haremos a nuestros hijos si se convierte a los docentes en sus “enemigos”, transmitiendo el valor de ‘Educación’ como autoridad en su sentido de potestad o dominación y no como la autoritas del Derecho romano: liderazgo entendido como vocación de servicio a la comunidad, (…) y a la formación integral de las personas en conocimientos y valores”.
Si el respeto a la
escuela y al profesorado es algo exigible a todos los ciudadanos, con más
motivo debe ser exigido a los representantes de la ciudadanía o a los
aspirantes a serlo. La Sra. Veiga ha demostrado, con su bochornosa y reprobable
actitud, que no respeta ni a la educación ni al profesorado.
Así está el tema. De nuevo: ¡Qué pena de país!
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