Según CSIF (sindicato más representativo entre el los
empleados públicos) el colectivo de funcionarios de MUFACE (1,5 millones de
personas) está padeciendo desde el 1 de enero de este año una drástica
reducción en la oferta de prestaciones sanitarias como consecuencia de la
contención en el gasto de esta mutualidad por parte del Gobierno.
Los recortes en la financiación han provocado una
reducción de la oferta de hospitales y de especialidades médicas en muchas
provincias, al menos en Madrid y Barcelona. Esta situación está provocando que
pacientes con enfermedades graves tengan que cambiar de centro hospitalario en
el plazo de un 6 meses (un año en el caso de pacientes oncológicos) y que a día
de hoy, no les han informado sobre la continuidad de sus pruebas diagnósticas.
De hecho, un importante grupo de enfermos de cáncer de
este colectivo (profesores, carteros, funcionarios, policías, militares y
guardias civiles, entre otros), han visto
interrumpida su asistencia como consecuencia de los mencionados
recortes económicos del
Gobierno en el presupuesto para las mutuas.
Aunque
el Gobierno asegura que estas personas tienen derecho a seguir recibiendo
asistencia y tratamientos como hasta ahora, hemos podido comprobar que no es así. Los
pacientes tienen que solicitar de motu proprio mantener
su tratamiento en su hospital. Cuando lo hacen, o bien les dan la callada por
respuesta, o bien se lo deniegan. Y ahí empieza un peregrinaje burocrático, con
la angustia de saber que el tiempo de su enfermedad corre en su contra. Hay
pacientes que llevan un mes abandonados a su suerte, esperando pruebas,
diagnósticos, o saber si pueden continuar su tratamiento en su hospital de
siempre.
Ante esta falta de información, CSIF solicitó a Hacienda
que prorrogara en un mes el período que tienen los empleados públicos para que
pudieran decidir pasarse al Régimen General de la Seguridad Social (hasta el 31
de enero de cada año), pero el Ministerio lo denegó. Por tanto, muchas personas
se verán obligadas a optar por una compañía sin saber exactamente la
oferta sanitaria que recibirán. O bien, en el caso de que decidan mantenerse
con la misma, pagárselo de su bolsillo, si es que se lo pueden permitir.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha rechazado en varias ocasiones
la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicar la
situación de esta mutualidad, pese a reconocer que “se han producido problemas
puntuales en la prestación sanitaria de algún enfermo”.
Éste es uno más
de los recortes sufridos por los funcionarios desde el comienzo de la
crisis: eliminación de días por asuntos propios, pérdida de una paga extra y
del poder adquisitivo y reducción drástica del refuerzo de las plantillas con
una oferta de empleo público adecuada.
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